Refugiados y otros inmigrantes perderán acceso a Medicaid y CHIP. En Misisipi, la falta de cobertura estatal para niños y embarazadas amplía el impacto.
El cambio que entra en vigor el 1 de octubre deja a refugiados, solicitantes de asilo y otros inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos sin acceso a Medicaid y al Programa de Seguro Médico Infantil, conocido como CHIP. En Misisipi, donde el estado no ofrece una cobertura alternativa para niños y embarazadas con presencia legal, la medida afecta también a familias que podrían tener dificultades para conservar la atención de sus hijos.
La pérdida de cobertura podría llevar a algunas personas a posponer consultas y tratamientos hasta que los síntomas se agraven. Especialistas en salud y organizaciones que atienden a inmigrantes en Misisipi advierten que esa demora puede aumentar la necesidad de atención de urgencia y sumar presión a centros de salud que atienden a pacientes independientemente de su situación migratoria o capacidad de pago.
Los cambios se derivan de una ley federal promulgada el año pasado. También se prevén restricciones, a partir de enero, para acceder a planes subsidiados del mercado de seguros médicos y a Medicare. Esas opciones quedarían disponibles únicamente para los tres grupos que conservarán acceso a Medicaid bajo las nuevas reglas.
“Estos grupos de inmigrantes quedarán con muy pocas opciones de cobertura médica a precios razonables”, dijo Drishti Pillai, directora de política de salud para inmigrantes de KFF, una organización independiente de investigación sobre salud.
Quién conserva la cobertura y quién la pierde
Los residentes permanentes legales, incluidos quienes tienen una tarjeta de residencia, seguirán reuniendo los requisitos para Medicaid. También podrán conservar el acceso las personas procedentes de Cuba y Haití, y las de las naciones insulares del Pacífico que participan en el Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos.
Entre quienes dejarán de reunir los requisitos están los refugiados y solicitantes de asilo que recibieron protección humanitaria tras huir de persecución en sus países. También perderán cobertura algunos sobrevivientes de violencia doméstica que hayan presentado, o tengan aprobada, una solicitud de residencia permanente por una vía creada bajo la Ley de Violencia contra la Mujer. Esa vía permite a ciertas personas maltratadas por quien patrocinaba su solicitud de residencia pedirla por cuenta propia.
La exclusión incluye a sobrevivientes de trata sexual o laboral con una visa T aprobada o pendiente. Ese estatus provisional permite solicitar la residencia permanente. La lista también abarca a inmigrantes con permiso humanitario para permanecer en el país durante al menos un año y a quienes recibieron suspensión de deportación.
- Personas nacidas en Canadá que son amerindias o pertenecen a tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal;
- personas mayores admitidas condicionalmente antes de la entrada en vigor de la Ley de Refugiados de 1980, entre ellas algunas que huyeron de países comunistas de la Unión Soviética y Europa Oriental, y ciertos refugiados del sudeste asiático.
“Estas personas ya vienen de situaciones atroces y ahora perderán el acceso a la asistencia médica básica”, dijo Lorena Lewis-Quiroz, directora ejecutiva de la Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad, con sede en Jackson. “Esto está desmantelando poco a poco el sistema de atención médica para los inmigrantes.”
La cobertura de algunos niños y embarazadas que residen legalmente también cambiará. Una ley de 2009 permite a los estados eliminar el período de espera de cinco años que muchos inmigrantes deben cumplir después de obtener la residencia permanente antes de inscribirse en Medicaid. Desde enero, 38 estados habían elegido ofrecer cobertura a niños con presencia legal, y 32 habían hecho lo mismo para personas embarazadas. Misisipi no adoptó esa opción para ninguno de los dos grupos.
La consecuencia para las familias podría extenderse más allá de los adultos que pierden directamente la elegibilidad. Kathy Sykes, directora ejecutiva de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Misisipi, dijo que los padres podrían dejar de poder presentar solicitudes en nombre de sus hijos ciudadanos por su propia situación migratoria. Eso, a su vez, podría impedir que niños que sí reúnen los requisitos obtengan cobertura.
Sykes señaló que la cantidad de cambios puede confundir incluso a quienes siguen siendo elegibles y hacer que desistan de solicitar beneficios. “Los cambios a Medicaid son brutales”, escribió en un correo electrónico.
Verificaciones y trámites pueden provocar bajas
La nueva revisión del estatus migratorio podría afectar también a personas que aún reúnen los requisitos. Los estados comprobarán la información mediante una base de datos federal de verificación de elegibilidad migratoria y registros del Seguro Social. Si la agencia estatal confirma que una persona cumple las condiciones, podrá mantener su cobertura. Si no logra verificarlo con la información disponible, solicitará documentos adicionales y dará a la persona 90 días para responder.
El plazo ofrece una oportunidad para aportar pruebas, pero la gestión puede ser difícil para quienes no hablan inglés, se han mudado o no pueden completar los documentos a tiempo. Pillai dijo que investigaciones anteriores muestran que estos problemas administrativos pueden causar cancelaciones incluso cuando una persona sigue teniendo derecho a la cobertura.
“Todo esto puede provocar cancelaciones de cobertura, no debido al derecho de estar en el programa, sino por razones administrativas”, dijo Pillai.
Khaylah Scott, administradora de programas del Programa de Defensa de la Salud de Misisipi, indicó que las reglas de elegibilidad de Medicaid llevan décadas vigentes. Recibir por correo una carta sobre un cambio vinculado a la situación migratoria puede resultar repentino y generar miedo, especialmente si la comunicación previa es escasa, explicó.
La División de Medicaid de Misisipi no respondió a una solicitud de comentarios sobre la implementación. Un aviso público del 14 de septiembre sobre una modificación propuesta al plan estatal señaló que se esperaba que el cambio no tuviera efecto presupuestario porque la cantidad de personas afectadas sería baja. El aviso no ofreció una estimación del número de inmigrantes que perderían cobertura.
La cobertura de emergencia tiene límites en Misisipi
Quienes dejen de cumplir los requisitos para Medicaid o CHIP podrían recibir Medicaid de Emergencia en determinadas circunstancias. Puede cubrir una condición repentina con síntomas graves que, si no se atiende, podría causar daños importantes. El trabajo de parto, por ejemplo, cuenta con cobertura en todos los estados.
Pero esa alternativa tiene límites. Misisipi no ha ampliado Medicaid, por lo que las categorías de adultos que pueden recibir esta cobertura de emergencia son más reducidas. Un adulto de bajos ingresos sin estatus migratorio regular que no esté embarazado, no sea padre o madre dentro de una categoría elegible y no reúna los requisitos por discapacidad no puede contar con Medicaid de Emergencia, incluso si presenta una situación que normalmente podría dar lugar a esa cobertura.
La preocupación de los especialistas es que perder la atención regular termine por trasladar necesidades previsibles a las salas de urgencias. Sin seguro, algunas personas dejan de hacerse exámenes rutinarios o esperan hasta que una afección se vuelve insoportable para buscar ayuda. Pillai advirtió que la falta de atención continua puede empeorar los resultados de salud y aumentar la presión sobre los centros comunitarios, que atienden a personas con distintos niveles de ingresos y situación migratoria.
Lewis-Quiroz anticipó una demora similar: “Voy a esperar hasta que me dé una embolia”. Para las familias afectadas, el cambio práctico es inmediato: revisar cualquier aviso de cobertura, responder dentro del plazo indicado si se solicitan documentos y buscar orientación de una organización local de servicios para inmigrantes o salud.
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Este reportaje contó con el apoyo de fondos de Sarah Yelena Haselhort para el periodismo de salud. Fue corregido el 30 de septiembre de 2026 para identificar a la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Misisipi como la organización donde Kathy Sykes es directora ejecutiva. Traducción: David Wood y Judith Caballero.
